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El PP de Sueca denuncia la “desvergüenza”, doble moral y el manejo del Gobierno Local al antojo de Joan Baldoví

El Partido Popular de Sueca quiere denunciar publicamente el manejo del Gobierno Local por parte de Joan Baldoví (Bloc-Compromís). Carlos Ramírez, portavoz del PP, considera una desvergüenza la nota de prensa, instigada por el propio Baldoví, sobre la sentencia reciente por la modificación de los estatutos de la entidad pública empresarial Aigües de Sueca.
“Todavía estamos esperando una nota de prensa del Ayuntamiento respecto a la licencia de obras ilegal concedida en Bega de Mar que ha sido ilegalizada en tres instancias judiciales y rechazado un recurso del consistorio por parte del Tribunal Constitucional”, expresa Ramírez. El procedimiento ha costado 298.000 euros a las ciudadanas y ciudadanos de Sueca “según nos han dicho verbalmente, sin que se nos deje acceder a la documentación completa ni detallar los conceptos uno por uno, es decir: indemnización, abogados, procuradores y costas judiciales”, añade el portavoz popular.
Para el PP de Sueca, además, resulta extremadamente grave y sospechoso el silencio y la obstrucción al acceso a la información a la que tienen derecho los ciudadanos y los representantes electos demostrado por el Gobierno Local presidido por Salvador Campillo en el escandaloso cierre de la empresa municipal Sueca Urbanismo y Gestión (Surge SA). Dos años después de despedir a sus diez trabajadores y proceder al cierre empresarial por acumular unas pérdida de más de un millón de euros, con Salvador Gil (PSPV-PSOE) y Joan Baldoví (Bloc) como alcaldes responsables, todavía no se nos ha facilitado la documentación de la incompleta auditoria (se nos dejó ver y se nos retiró de las manos) acordada por la Junta de Gobierno Local a instancias del Interventor así como los resultados de la comisión de investigación que Baldoví se encargó de retrasar una y otra vez. “¿Es cierto que las pérdidas son de 3 millones de euros? ¿Porqué el alcalde Campillo sigue el juego de la obstrucción al derecho a la información cuando él no es responsable del desastre económico generado por Gil y Baldoví? ¿Porqué no han difundido una nota de prensa aclaratoria al respecto o han convocado una rueda de prensa o asamblea pública para dar la cara?”, se pregunta el portavoz popular Carlos Ramírez.
Joan Baldoví, sin ordenar la difusión de nota de prensa alguna, sigue mirando hacia otro lado cuando se le pregunta por las razones que le llevó a derribar las obras realizadas en la futura biblioteca del Molí Fariner. Se enroca en que “sólo” tienen un sobrecoste de 70.000 ó 80.000 euros. El PP quiere recordar que las obras que se realizaron y que fueron derribadas costaron muchísimo más. Aún así, “¿le parece poco dinero 80.000 euros a Baldoví? ¿Acaso lo va a pagar él de su propio bolsillo o su decisión nos cuesta a todos y cada uno de los ciudadanos?”, se pregunta Ramírez.
Por último, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Sueca también quiere hacer constar que la indolencia del Gobierno Local presidido por Baldoví llevó al cierre del matadero municipal con el agravante que el entonces alcalde permutó la garantía depositada por la empresa concesionaria con las deudas que había contraído con la compañía del suministro eléctrico y Aigües de Sueca. A unos les cortan el suministro del agua y a otros no, por indicación expresa del propio Baldoví, muy a pesar de que debían más de un millón de las antiguas pesetas, y tampoco se hizo ninguna nota de prensa ni se mantuvo informado a los medios de comunicación.
Desde el PP interpretamos que la modificación de los estatutos se llevó a cabo para crear un nuevo espacio más acorde con el autoritarismo mal entendido del que ha hecho gala Joan Baldoví en los últimos cinco años y en contra de la democracia y la participación. Nada más hay que cotejar los antiguos y los nuevos para descubrir que para su modificación tan sólo es necesaria la mayoria simple cuando antes se precisaban dos tercios de la Corporación Municipal. Y las reuniones del consejo de administración se reducen a una vez al mes en vez una trimestral como se estableció en 2004. Aceptamos y respetamos la decisión judicial, pero nos preguntamos “¿Es así como funciona la transparencia democrática que dice defender Joan Baldoví?”.